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» » Acabando las discusiones de reforma laboral

La habitual discusión acerca de la reforma laboral y sobre cuál es el más pertinente tipo de contrato me parece carente de sentido. Lo lógico y razonable es hacer un único contrato que estipule el compromiso de ambas partes y obligue jurídicamente a empresa y trabajador en caso de incumplimiento. Punto. Que dicho contrato dure más o menos se  corresponde con las circunstancias del mercado.

La lucha por obligar al empresario a tener al trabajador más tiempo del necesario resulta absurda y obsoleta y sólo guarda significado dentro de la demagogia sindicalista e intervencionista de las políticas actuales. (En esto, los dos partidos mayoritarios han demostrado funcionar de idéntica manera).

Por un lado se quiere fomentar la iniciativa privada, tener empresas fuertes que tiren del carro económico, y por otro, se les obliga a malgastar sus beneficios en contratos ficticios que sepultan dichas ganancias. Absurdo.

Esta tarada forma política de funcionar nos tiene tan acostumbrados a tan desatinados como justificatorios argumentos que, por repetidos, van ocupando un espacio sociopolítico como si de una verdad social se tratara, pero no por ello dejan de ser desatinados e irracionales.

Similar argumento se esgrime frente al asunto de las remuneraciones de los trabajadores. Se pretende desde este tipo de política que los empresarios, no sólo mantengan a los empleados indefinidamente, sino que además les pague determinados sueldos, considerados políticamente 'dignos', sin tener en cuenta si eso pueda ser insoportable para una empresa, y peor aún si es pequeña.

Debido a esta manida y retorcida regulación del mercado laboral (los políticos dicen que es culpa del mercado), la Administración pública se ve obligada a bonificar contratos a empresas, a financiar o subvencionar parte de sus proyectos, etc. Es decir, la misma regulación laboral propicia la dependencia de las empresas con la Administración, para poder soportar lo que las condiciones que dicha regulación obliga, creando así un escenario de pura manipulación política, cuando es la propia Administración (política) quien decide a quién subvencionar o no, en función de las pautas de ese escenario que ella misma ha creado.

El propio sistema político, sabedor de las contradicciones e imposiciones que su regulación arrastra, también se ve obligado a ayudar a los trabajadores, inventándose cientos de reglas por las cuales pueden estar, o no, protegidos por el desempleo. Esto a su vez, obliga a la Administración a gastar, no ya sólo en las propias prestaciones, sino tanto o más en enormes estructuras administrativas de control de las prestaciones.

El escenario no puede ser más irreal, y sin embargo, verídico. Así es el sistema actual.

Alguien puede preguntarse, y con razón, sobre cómo puede evitarse la precariedad en los contratos y los sueldos basura, cómo evitar ese malgasto en estructuras de control, en definitiva, cómo evitar la constante reproducción de un sistema de despilfarro asistencialista. La respuesta es obvia a todas luces, pero que las tendencias políticas a un lado y a otro en el poder y, por extensión, a la población partícipe de esa adoctrinada mentalidad, suelen mirar hacia otro lado.

La respuesta no es otra que una medida ejemplar llamada Renta básica universal (RBU). Por definición, la RBU se configura como un derecho fundamental, esto quiere decir que no es asistencial, y por tanto, no está sujeta al arbitrio político del momento. Con esto ya restamos a la manipulación política. Se trata pues, de un ingreso suficiente a todo los ciudadanos que les permita la existencia material garantizada. Segundo, el sistema político administrativo se ahorra la ingente cantidad de dinero en estructuras de control y en prestaciones. Las primeras no son necesarias puesto que el ingreso es directo y sin paliativos, y las prestaciones tampoco lo son porque ya existe la RBU.

Por otra parte, menos aún son necesarias bonificaciones ni subvenciones ni regulaciones para el empleo a las empresas, puesto que estas podrán atenerse a los criterios puros del mercado y la productividad, sin necesidad de regulación alguna que impida su funcionamiento. Los trabajadores no tendrán que aceptar contratos ni sueldos basura si no quieren, puesto que tienen la RBU que los proteje. Las empresas a cambio aprenderán a valorar el capital humano en toda su dimensión y se verán obligadas a remunerar debidamente si quieren contratar a alguien. Por supuesto, esta libertad creada para empresas y trabajadores reducirá al mínimo su dependencia y las manipulaciones por parte de los políticos.

No es necesario decir que la Renta básica universal vaya a arreglar todos los problemas de un país, pero desde luego establecerá las bases materiales para un modo distinto de vida en la sociedad y en su política. Pero no se trata sólo de pensarlo, hay que hablar sin tapujos de ello, hay que afrontar la vida del siglo XXI con la mente abierta a su verdadera posibilidad.

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por Pedro Donaire

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