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por Pedro Donaire
"Dependencia o independencia de la justicia"

Una Carta Magna puede decir quinientas veces en su texto que la justicia es independiente, y esto significa que ningún otro poder va a condicionar sus decisiones. Sin embargo, si en la misma Carta Magna se señala que los miembros de los máximos órganos de la justicia han de ser seleccionados y nombrados por el poder político, entonces, su cacareada independencia queda en entredicho.

Por supuesto, a la hora de impartir justicia al ciudadano de a pie, los jueces y tribunales no van a tener problemas para dictar sentencias ajustadas a derecho sin temer intromisión política alguna; pero, cuando nos vamos hacia arriba, cuando hablamos de grandes empresas con veladas relaciones pactadas con el poder, cuando la misma estructura administrativa y gestora del poder político y sus organismos adláteres son los que están en el ojo del huracán, entonces, es cuando se nota que los débitos políticos crean unas sombras sospechosas sobre la supuesta independencia del poder judicial.

Es entonces, cuando los intereses políticos empiezan a mover los hilos de las presiones, críticas, destituciones, desacreditaciones, etc.; y donde comienzan a funcionar las sesgadas ideologías que han dado lugar a dichos nombramientos de jueces y magistrados reclamando su pago, y que a su tenor comprometerán su labor e independencia.

Ejemplos de ello lo estamos viendo en los tiempos que corren, donde se han destapado las enrevesadas tramas de corruptelas al levantar la alfombra de hedihondos palacetes que revelan la connivencia de empresas, personajes e instituciones varias.

Así pues, de igual manera que puede subrayarse que el problema no son las personas y cargos corruptos (personas deshonestas haylas siempre), sino de una mala organización constitucional del sistema que les permite o propicia la perpetración de sus delitos.

Barón de Montesquieu
También puede indicarse que el buen juicio de magistrados, jueces y fiscales queda obnubilado cuando lidian con casos donde deben obedecer la voz de su amo ideológico institucional. Lo que deja en evidencia una cosa, no es que los jueces y fiscales sean malos, inexpertos o negligentes, sino que la organización del sistema les hace dependientes políticamente, ya que se deben a su nombramiento ideológico.

Por tanto, nos va quedando meridianamente claro lo que ya hace tres siglos estableció el Barón de Montesquieu sobre la separacíón de poderes. La única forma de evitar el omnímodo poder (político) sería dividirlo en ejecutivo (gobierno elegido electoralmente) y el legislativo (Cámaras elegidas en elecciones aparte), y además, en cuanto al tema que nos ocupa, contrarrestarlo con otro poder, el judicial, funcionando con su propio aparato de elección.

Por supuesto que se puede profundizar en distintas formas electorales que propicien un mayor control y justeza en la representatividad, pero ese no es el tema que ha motivado este artículo, que viene a denunciar únicamente —y no es poco—, que la separación de poderes brilla por su ausencia, y claro, esto tiene sus peligros, a las pruebas me remito. Cuando un solo poder tiene la facultad de ordenarlo todo, las baldosas de palacio se van llenando de cosas que huelen fatal.


- Imagen: Esquema constitucional sobre la ficticia división de poderes.
- Imagen: Barón de Montesquieu (1689-1755).

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